Luego de haber efectuado una de las devaluaciones más importantes de los últimos 50 años, el pasado 20 de diciembre el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/20231 a través del cual derogó cientos de leyes y modificó otras, asumiendo atribuciones que le corresponden al Congreso Nacional. Desde el punto de vista jurídico y político, el DNU es una amenaza para la salud institucional de la democracia. No cumple con los requisitos previstos en la Constitución Nacional para su dictado, lo que comporta una violación al principio republicano de la división de poderes.
Los recursos de amparo colectivos presentados por la CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, sumados a Organizaciones sociales y políticas, exigen la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del DNU por violar varios artículos de la Constitución Nacional ya que implica el ejercicio de facultades extraordinarias y la suma del poder público, infringe principios como la división de poderes, la democracia y la reserva de ley, atentando contra los derechos colectivos de los ciudadanos en lo que respecta a la participación en la dirección de los asuntos públicos, solo logrando frenar la reforma laboral.
Posteriormente, el gobierno presentó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que se debatirá junto con el DNU 70/2023. Nuevamente entre los objetivos y propósitos postula principios ultraliberales en contraposición y abierta confrontación a las ideas de igualdad, justicia social y solidaridad contenidas en la configuración de un Estado Social y Democrático. La jerarquización de principios como la libertad individual, la propiedad privada, la libertad de mercado y la minimización del Estado reducido a servicios mínimos, forman parte de la declaración de intenciones. Conjuntamente, estos dos instrumentos buscan la reconfiguración total del actual ordenamiento económico y social, así como una reinterpretación restrictiva de numerosos derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Se basa en la extensión irrestricta, a todos los ámbitos de la vida social, del principio de desregulación de los mercados. Barre de un plumazo años de debates y consensos para la regulación y mediación de las relaciones del trabajo, fiscales, productivas, sanitarias y previsionales, entre muchas otras.
El Estado neoliberal que busca consolidarse no es un Estado ausente, por el contrario, es un Estado atento a la realización de la rentabilidad esperada de los principales negocios que tiene entre sus principales funciones, no sólo desmontar las regulaciones, sino frenar el avance de la comunidad, neutralizar las instancias de su participación, atacar las condiciones de existencia para evitar todo grado de autonomía de la reproducción social de la suerte del esquema de negocios, garantizar la propiedad privada, al tiempo de sostener un plan de disciplinamiento y represión a toda insurrección que emerge.
Además de un marco teórico incapaz de comprender la realidad, se ha vuelto oficial un relato que ya venía siendo construido desde diferentes sectores de la sociedad interesados por enterrar definitivamente las experiencias populares. El déficit fiscal, como expresión de los instrumentos de política monetaria y fiscal, por más que no siempre hayan sido utilizados en favor de los intereses de las mayorías, conserva la potencia de acción (o el riesgo para las clases dominantes) de modificar la asignación de recursos, de canalizar los excedentes sociales hacia destinos no previstos por el interés del capital concentrado.
Los sectores dominantes en la Argentina pretenden transformar la irrupción de Javier Milei, en la oportunidad para consolidar, a como dé lugar, los objetivos fundacionales del golpe del ‘76. Objetivos que nunca abandonaron, con los que boicotearon, neutralizaron e incluso subordinan a las distintas experiencias populares.
No hay errores en una política que en su decisión de alentar la licuación de los pesos habilita un nuevo salto cambiario y una nueva ronda inflacionaria que ya inauguró esta etapa con una tasa mensual del 25,5% en el mes de diciembre de 2023. Está claro que una devaluación del 118% en el marco de la desregulación del sistema de precios y la reducción de la tasa de interés para las colocaciones en pesos, es compatible con la licuación de los pesos disponibles para una dolarización de facto, sin dólares en el Banco Central.
La reforma laboral es un Avance sobre la flexibilización de las relaciones de trabajo. Todas las reformas propuestas atacan directamente a los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras o a los derechos colectivos, tanto para el empleo del sector privado como para el empleo de la Administración Pública Nacional, y en simultáneo benefician a la parte empleadora. Es importante señalar que estas reformas atacan al conjunto de la clase trabajadora, tanto al segmento asalariado con relación laboral registrada en el sector privado o en el Estado, como no registrada, como también al segmento de trabajadores de la economía social y popular, que ven reducir los ingresos reales e insumos alimentarios de los programas de empleo a los que pertenecen, y son atacados al momento de manifestarse públicamente. Todo esto sucede en un entorno de violencia generado por el nuevo gobierno, quien, con las reformas propuestas apuesta a lograr transformaciones no solo en lo laboral, sino también en la normativa penal, facilitando las acciones para la criminalización de toda proclama social.
Lo mejor que podemos hacer es apelar al raciocinio de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras, comprender que no solo están atacando sus derechos laborales y empleos, sino que también están atentando contra la maquinaria productiva que genera la mayoría de esos puestos de trabajo.
El gobierno de Javier Milei se llena la boca hablando de que el estado no tiene que intervenir con el capital, cuando con políticas económicas deliberadamente pensadas orientan la inversión solo hacia sectores primarizados, la mega devaluación, los tarifasos y la recesión económica auto provocada que no solo afectan al pueblo argentino, sino también a las pymes que son las que generan el 82% del empleo registrado en el sector privado, con esto buscan hacer una brutal transferencia de ingresos hacia los capitales concentrados que representan más del 52% del PBI de Argentina, mientras que solo aportan menos del 17% del empleo registrado en el sector privado, buscan a través de rebuscadas ingenierías económicas como la tasa de interés totalmente negativa contra la inflación no solo licuar los ahorros pesificados de los argentinos, sino también los depósitos con los que la mayoría de las empresas de capital nacional respaldan los sueldos de sus trabajadores, tenemos que mostrarle a la sociedad que el modelo anarco capitalista financiero que se pretende aplicar solo nos llevará a la destrucción del aparato productivo nacional y ser un paraíso fiscal agroexportador aún más primarizado que hoy en día, y que en los países serios del mundo la economía no se planifica bajo esa lógica de mercado financiero, los países que aplican este tipo de modelos son países en su mayoría con grandes desigualdades estructurales y con poco empleo y precarizado.
El proyecto desplegado en el DNU, en la ley ómnibus y también en las medidas económicas de los primeros días ataca definitivamente a trabajadores y trabajadoras, a pequeñas y medianas empresas y a los miles de trabajadores de la economía popular o independientes que actualmente son monotributistas, genera situaciones de expulsión del sistema productivo, pero además destruye toda la red de contención de los dramas sociales al quitar los recursos para sostener comedores comunitarios o planes sociales que brindan contención ante la falta de puestos laborales, nos sumerge en la pobreza y a la vez quita la posibilidad de sostener proyectos solidarios de contención social a quienes lo necesiten.
Como sujetos sociales no podemos permitir el avance sobre nuestros recursos naturales, destruye nuestras leyes de protección de glaciares, la ley que construimos contra la quema de nuestra naturaleza, retrocede a tiempos prehistóricos las leyes que protegen a las mujeres en un país que sufre el flagelo de los femicidios en forma habitual, elimina las construcciones sociales en políticas de género y concretamente una cuestión que nos lastima directamente a los uruguayenses, destruye el sentido original de la Ley Micaela, desprecia nuestros sentimientos y el legado que Micaela nos dejó para que cuidemos a nuestras mujeres, configura una sociedad del sálvese quien pueda.
Conscientes de los efectos adversos que deberá soportar el pueblo argentino y que esto llevará a elevar profundamente la protesta social, crean un protocolo represivo contra la protesta social, inconstitucional, inhumano y mucho más propio de un gobierno dictatorial que de uno democrático, que de todas formas no les servirá para contener a un pueblo que se siente engañado, empobrecido y traicionado ante el conocimiento de las medidas en todos los aspectos de nuestra vida.
La política que nos pretenden imponer desde sectores que no tienen ni la más mínima sensibilidad social consiste en la destrucción de nuestra cultura eliminando los organismos de promoción, de nuestro sistema educativo que se desfinancia y hasta se establece la educación a distancia desde cuarto grado, de nuestra Universidad Pública a la que se la he reducido el presupuesto y no se podrá sostener el año educativo, de nuestro sistema de salud pública que se empobrece y se abandonan las políticas comunitarias de prevención de la salud o ante posibles epidemias, lleva al abandono de nuestros jubilados que hoy tienen una jubilación que representa la mitad de la línea de indigencia, que se les intenta eliminar la ley de movilidad y destruir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Llegaron al Estado para destruirlo, para abandonar al Pueblo argentino, para destruir una tradición histórica de protegernos y ayudarnos entre nosotros.
Desde los sectores convocantes a esta movilización, centrales sindicales, sindicatos, movimientos sociales y vecinos de nuestra ciudad expresamos que daremos batalla, que no entregaremos la Patria, que tenemos una historia de luchas por nuestros derechos y nuestras condiciones de vida, la resistencia ya comenzó hace tiempo en cientos de asambleas populares en todo el país, hoy se profundiza con el paro y movilización de las centrales sindicales, pero esto es solo el comienzo,
ESTAMOS DISPUESTOS A CONTINUAR LA LUCHA PARA NO DAR NI UN PASO ATRÁS.
No al DNU
No a la Ley Ómnibus
No al Protocolo represivo
No a la transferencia de riquezas de las clases populares a los ricos.
No a la destrucción de nuestra cultura
No a la destrucción de nuestra educación y de nuestras universidades
No a la destrucción de nuestro sistema de cuidado de la salud
No al abandono y empobrecimiento de nuestros jubilados y jubiladas.
