Me refiero tanto a la Constitución Nacional como a la provincial, ambas establecen en sus artículos 14 bis y 82, respectivamente, ambos establecen que el salario de los trabajadores debe consistir en una retribución justa y conforme al costo de vida.
Según nuestras Constituciones el salario no podría perder ante la inflación, es lo que ordena la Constitución de la Provincia de Entre Ríos taxativamente y el concepto de retribución justa de la Constitución nacional.
Estamos acostumbrados a que los gobiernos nos presenten cuestiones presupuestarias y de esa forma pretendan incumplir con la norma constitucional y otorguen ajustes por debajo de la inflación que no están conformes con el costo de vida, pero lo que estamos viendo en estos tiempos por parte del gobierno de Frigerio es una descarada demostración de la violación de la Constitución con todas las letras y en todos los medios.
El gobierno de Frigerio amenaza por los medios que, si un sindicato rechaza la oferta, los aumentos insuficientes no serán abonados y ya lo hizo de esta forma en el mes de marzo.
Evaluemos esta situación, si el gobierno provincial ofrece un aumento salarial, aunque sea insuficiente, es porque los recursos de los entrerrianos disponen de fondos para una recuperación salarial que es necesaria, esos fondos deben ser destinados para cumplir esa obligación, no destinarlos es una malversación de fondos del Estado y esto debe ser tomado por un fiscal que actúe de oficio y denuncie esta malversación de fondos del Estado, este hecho ya sucedió en el mes de marzo y en este momento está siendo anunciado en los medios que tomarían la misma decisión con la oferta salarial.
El gobierno entrerriano extorsiona a los docentes anunciando que, si el congreso de AGMER rechaza la oferta por insuficiente, cometerá el delito de malversación de fondos y se quedará con ese dinero, que, de acuerdo a la Constitución, debe ser destinado para ese fin.
El gobierno entrerriano está sumergiendo en la indigencia a miles de docentes de la provincia, con salarios que son de $ 335.217 un 10% por debajo de lo que fue la línea de la indigencia en el mes anterior que se estableció en $ 373.044 y muy cerca de la nada misma si lo comparamos con la línea de la pobreza, que fue de $ 828.158, el salario docente inicial cubre sólo el 39% de la Canasta Básica, traducido en días, de acuerdo a las mediciones del INDEC cubre 12 días de un mes.
Ante esta trágica situación económica de la docencia, el gobierno recurre a la estrategia macabra, perversa e inhumana de decir que, si se quejan, ni siquiera destinará los fondos que están disponibles para salarios, amenazando en el diálogo al sustento de los hijos de los docentes.
Nuestra Constitución es sabia e impide gobernar de esta forma, pero el gobierno no tiene escrúpulos en incumplirla y anunciar el incumplimiento por los medios, es el Poder Judicial el que tiene que actuar resguardando el incumplimiento de la Constitución y si no actúa, la responsabilidad será compartida.
Analicemos brevemente las implicancias de estos anuncios, si una oferta salarial se rechaza gremialmente es por el ejercicio de una decisión democrática que se trata en asambleas y congresos, pero más allá de eso existen docentes que se mantienen al margen, incluso algunos que no se suman a las medidas de fuerza y además están todos los docentes jubilados que no realizan medidas de fuerza y también merecen las actualizaciones salariales, el gobierno utiliza una herramienta perversa para castigar a un sindicato, que ejerce un derecho también garantizado por la Constitución, y castiga a mansalva a todo aquel que maneje una tiza o la haya manejado antes de jubilarse, ¿se dimensiona la perversidad?, hay docentes que no sienten ninguna pertenencia gremial, que no entienden el valor de un sindicato, que no se sienten sujetos de derecho en este sentido, también son castigados, hay jubilados que ni siquiera viven en la provincia, también son castigados.
Ante un gobierno que desprecia los mandatos constitucionales tanto como a la clase trabajadora que castiga de esta forma, seguramente habrá docentes que manifiesten en las asambleas que quieren aceptar la oferta empobrecedora y esa opinión se respetará si se transforma en mayoría, pero debemos saber que no resolvieron con libertad, que no resolvieron con las garantías que establece la Constitución, aceptarán las violaciones que la oferta implica ante el terror del castigo anunciado y desde la debilidad que produce un salario que se encuentra 10% por debajo de la línea de indigencia.
Quizás el gobierno logre que se acepte su oferta profundamente empobrecedora, que seguramente se ubicará 10 puntos por debajo de la inflación de los tres meses, pero tendrá que saber que la historia nos muestra que ese tipo de gobiernos que pretenden pisotear los derechos del pueblo, tarde o temprano, pagarán sus culpas ante ese pueblo que reacciona.
Víctor Hutt
